Políticas Públicas para Mujeres Rurales


El Ministerio de la Mujer puso en marcha días atrás el ciclo de reuniones de la Comisión Interinstitucional, que es la instancia técnica y estratégica (CIAL) para la aplicación de la Ley 5446/15, de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, integrada por 15 instituciones que asumieron la responsabilidad de desarrollar una estrategia que contribuya a mejorar la situación de las mujeres rurales en todos los ámbitos.

Estuvieron presentes en la reunión, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Ministerio de Hacienda (MH), Instituto Paraguayo de Técnica Agrícola (IPTA); Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS); Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Crédito Agrícola de Habilitación (CAH); Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

La Ministra de la Mujer, Abg. Nilda Romero Santacruz, resaltó la importancia de reiniciar las actividades en la CIAL para dar efectiva aplicación a la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales.

La CIAL, es muy importante para la aplicación de la ley LEY N° 5.446/15“de políticas públicas para mujeres rurales”, que entró en vigencia en el mes de julio de 2016, con el objetivo general de promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales; fundamentales para su empoderamiento y desarrollo. La ley se rige por los principios de igualdad; de empoderamiento y de inclusión social.

Con sus objetivos específicos, la normativa pretende garantizar a las mujeres rurales el acceso y uso de servicios productivos, financieros, tecnológicos en armonía con el medio ambiente, de educación, salud, protección social, seguridad alimentaria y de infraestructura social y productiva brindados por el Estado; promover los derechos políticos y culturales de las mujeres rurales y su empoderamiento, mediante el fortalecimiento de su capacidad asociativa y de liderazgo a través de creación e implementación de mecanismos y estructuras que amplíen el ejercicio democrático de su ciudadanía activa.

Asimismo, proponer modificaciones en las legislaciones que involucren al sector de mujeres rurales, salvaguardando la aplicación de los principios de igualdad y equidad en el acceso a los servicios, la tierra, el crédito, asistencia técnica, comercialización, mercados, educación técnica, desarrollo empresarial y ambiental; fortalecer las capacidades de las unidades de género y la creación de Unidades de Género en aquellas instituciones públicas que no las posean.

En cuanto a los DERECHOS ECONÓMICOS, la ley dispone la inclusión en las políticas de empleo y en los planes, programas y proyectos del sector, disposiciones que garanticen a las mujeres rurales el derecho al empleo digno, oportunidades de acceso, contratación, promoción y capacitación; en coordinación con las instituciones del sector.

Funciones institucionales

En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el órgano rector deberá garantizar los servicios públicos de salud integral, incluyendo la sexual y reproductiva, así como la educación formal y no formal a mujeres en zonas rurales alejadas de las cabeceras departamentales; incidir en el diseño e implementación de programas habitacionales, trabajando de manera coordinada e interinstitucional con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) o cualquier otra institución que desarrolle o implemente programas específicos o relacionados a la vivienda rural e incluir a las mujeres rurales como beneficiarias directas de las viviendas en comunidades rurales.

La PARTICIPACIÓN, LIDERAZGO y EMPODERAMIENTO de las mujeres rurales, son otras de las prioridades que las instituciones responsables de la ejecución de la ley, que deberán propiciar la participación en igualdad de condiciones de las mujeres rurales en los espacios de participación civil generados por municipios, gobernaciones y el gobierno central, y promover la formulación y seguimiento de agendas políticas de las mujeres rurales para procesos de incidencia a nivel departamental y municipal.

Coordinación constante

El Ministerio de la Mujer ejerce una permanente vigilancia de la situación de las mujeres rurales; formula un plan para asegurar el avance progresivo de los derechos enunciados en esta ley; en concordancia con los planes nacionales de igualdad de derechos entre varones y mujeres que se aprueben.

El Ministerio de Hacienda debe habilitar una cuenta especial a nombre del programa o institución a los cuales debe transferir anualmente. La Ley de Presupuesto General de la Nación debe incluir un sistema específico de control y evaluación del gasto público, que permita conocer, y ponderar la entidad y magnitud de los fondos estatales para mejorar la situación de las mujeres rurales.

El Ministerio de la Mujer es el órgano rector del cumplimiento de esta ley, entre cuyas funciones se encuentra desarrollar la estrategia país, para implementar la perspectiva de género en la gestión de las políticas públicas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y las demás instituciones públicas del Estado paraguayo.

Las instituciones públicas relacionadas al sector rural, los gobiernos departamentales y los municipales, serán los titulares de obligación y ejecutores de la presente política. Además, los gobiernos departamentales y municipales contarán con comisiones en las que estarán representadas las organizaciones de mujeres rurales, con los objetivos de realizar propuestas al Ministerio de la Mujer, e implementar y monitorear el cumplimiento de la presente ley.


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